Trump ordena redadas migratorias y deja sin cuidadores a miles de ancianos en Estados Unidos: 30 % del personal fue deportado

La intensificación de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump está generando una crisis sin precedentes en el sector del cuidado de adultos mayores. De acuerdo con datos de LeadingAge, aproximadamente el 30 % del personal de limpieza y mantenimiento en asilos residenciales migró procedente del extranjero, frente al 19 % que representa el conjunto de la fuerza laboral en Estados Unidos.

Estas cifras adquieren aún mayor relevancia cuando se consideran los vacíos operacionales generados en centros como Sinai Residences en Florida, que recientemente debieron cerrar varios pabellones al quedar sin personal tras seis deportaciones masivas.

Estos trabajadores, además de encargarse de la logística del lugar, forman vínculos esenciales con los residentes, especialmente con personas con Alzheimer o autismo, vínculos que requieren tiempo y empatía difíciles de reemplazar. Y es que el déficit de cuidadores ya era un problema estructural: estudios de Harvard y otras fuentes han advertido que el envejecimiento de la población disminuirá aún más el número de cuidadores disponibles en los próximos años.

En este contexto, Trump afirmó en Truth Social que hay “mentes y manos estadounidenses” disponibles y que su agenda buscaría reactivar la fuerza laboral local . Sin embargo, líderes del sector, como Robin Wolzenburg, alertan que la realidad es otra: “tenemos alas vacías no por falta de residentes, sino por falta de personal”.

Expertos, como la profesora Steffie Woolhandler, alertan que deportar a más de un millón de trabajadores de salud extranjeros, incluyendo aproximadamente 366.000 indocumentados y 700.000 con permiso, pondría en jaque el sistema sanitario.

Organizaciones como Massachusetts Senior Care destacan que en estados como Massachusetts hasta un 40 % de las auxiliares de enfermería son inmigrantes, muchos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). La pérdida de estos trabajadores no solo afecta a los asilos, sino que provoca un efecto dominó; pues los hospitales no pueden dar de alta a pacientes porque no hay centros disponibles a donde derivarlos.

El impacto económico también es notable. La dependencia del personal migrante en sectores como la agricultura, hostelería y atención domiciliaria ha sido expuesta por el propio Trump, quien pausó temporalmente las redadas en estos ámbitos tras advertencias acerca de posibles efectos adversos. No obstante, esta pausa duró poco y los operativos se retomaron con mayor fuerza, incluso desplazándose hacia grandes urbes como Los Ángeles y Chicago.

Para organizaciones como LeadingAge, la solución pasa por reformar el sistema migratorio, crear vías legales para trabajadores esenciales y estabilizar los permisos de trabajo, además de exigir a los legisladores más que a mandatos ejecutivos que regulen una fuerza laboral que el sector de cuidados no puede prescindir.

Mientras estas redadas se mantengan, miles de personas mayores quedarán desprotegidas, el sistema de cuidados laborales seguirá debilitándose y la presión recaerá sobre los hospitales, creando un riesgo tanto sanitario como social que exige respuestas urgentes.